* Sistema judicial está contra las mujeres

-- Vía crucis, pelear por pensión alimenticia; justicia se les revierte

Reportaje / Anayeli García Martínez / Julio 23, 2013

El experto en seguridad y justicia Edgardo Buscaglia sostiene que “México no tiene instituciones judiciales funcionales” porque a pesar de que el gobierno invierte en la infraestructura judicial, en los hechos no genera sentencias condenatorias.

El presidente del Instituto de Acción Ciudadana recuerda además que los jueces tienen serias deficiencias en la argumentación jurídica e incluso cometen atropellos contra la ciudadanía. Este sistema de justicia “colapsado” no es ajeno para las mujeres.

Expertas en violencia de género coinciden en que ellas enfrentan las deficiencias de los juzgados y tribunales, pero además son víctimas de los “pactos patriarcales” que les niegan la justicia.

Por ejemplo, cuando el idilio del matrimonio se acaba –explican– las leyes y los jueces terminan por perjudicarlas, pues en el mejor de los casos a ellas se les niega la pensión alimenticia y en el peor se les arrebata la patria potestad de las y los hijos.

En las demandas de pensión alimenticia, guarda y custodia o patria potestad, los jueces benefician a los padres que incumplen su responsabilidad, pese a que en octubre de 2011 entró en vigor la reforma constitucional que incorporó el “interés superior de la niñez” a fin de garantizar sus derechos y pleno desarrollo.

Pero no sólo eso, ahora las leyes concebidas para proteger a las mujeres de una vida libre de violencia se revierten contra ellas cuando las ex parejas las acusan de delitos como violencia familiar, despojo, robo y hasta de conductas morales como “infidelidad o falta de decencia”.

La maternidad y la paternidad son temas globales, como lo afirma la española Soledad Murillo, ex integrante del Comité de expertas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés).

Murillo sostiene que en varias regiones del mundo se han implementado mecanismos institucionales para cobrar deudas de distinto tipo, pero en el caso de la pensión alimenticia todos los países, incluso el suyo, son “muy tibios” porque no obligan a los padres a cumplir su responsabilidad con las y los hijos.

“Evidentemente mujeres y hombres son libres de separarse, es estupendo, pero la responsabilidad paterna nunca caduca”, dice quien fuera secretaria de Políticas de Igualdad durante el gobierno del ex presidente español José Luis Rodríguez Zapatero.

Murillo advierte que la paternidad no es dar dinero, “es estar pendiente absolutamente de todo, y hacerse cargo, en primera persona, de todo lo que ocurre en casa, y eso ya hace mucha diferencia”.

Además de esta concepción equivocada, dice, ahora los hombres utilizan la guarda y custodia para “establecer chantajes”.

VÍCTIMA DE LA “JUSTICIA”

Como ejemplo está la historia de Rebeca y José, quienes estuvieron casados por 15 años. Durante el matrimonio tuvieron tres hijos, uno de 12 años, otro de 10 y uno más de 4 años. Eran una familia feliz hasta que comenzaron las diferencias y en octubre de 2010 él se fue de la casa.

En marzo de 2011 ella contrató un abogado y promovió un juicio de alimentos y guarda y custodia; el proceso tardó unos meses hasta que en agosto de ese año el juez le otorgó la guarda y custodia de los dos hijos menores, mientras que el mayor se quedó con su padre porque ya no quería más a su madre.

Ese mes comenzó el régimen de visitas y convivencia provisional y también el “chantaje” del que habla Soledad Murillo. En febrero de 2012 José denunció a Rebeca por violencia intrafamiliar contra los niños y mientras corrían los meses la fue acusando de otros delitos.

Rebeca fue denunciada por violencia intrafamiliar pese a que su hija declaró ante el juez que firmó una hoja en blanco porque su papá le dijo que así se terminarían los problemas con su mamá, y aunque su hijo niño más pequeño dijo que él sólo puso su huella en otra hoja en blanco y que nunca ha sido maltratado.

Además de este delito, ella también fue denunciada de falsedad de declaraciones y despojo porque su ex pareja asegura que Rebeca lo corrió de la casa para quedarse con el inmueble. Con esta acusación, en junio pasado mientras ella iba a ver a sus hijos, fue detenida y trasladada al penal de Santa Martha. Fue liberada luego de pagar una fianza.

José es dueño de una empresa y no se negó a pagar una pensión alimenticia, pero ante el juez comprobó que ganaba un salario ínfimo. Este año logró quedarse con los tres niños mientras Rebeca libra una batalla legal para recuperarlos y quitarse de encima los delitos que le imputan.

COMPLICIDAD PATRIARCAL

El caso no es único, los datos oficiales indican que de diciembre de 2012 a mayo de 2013 el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal (TSJDF) ha recibido 11 mil 582 demandas de pensión alimenticia, patria potestad, guarda y custodia, y régimen de convivencias y visitas para padres e hijos.

En el país, las Estadísticas de Matrimonios y Divorcios del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que para 2011 se habían otorgado 47 mil 914 pensiones para los hijos, y en 4 mil 247 casos la pensión fue para la esposa y los hijos.

Marta Torres Falcón, profesora-investigadora del Departamento de Sociología de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), afirma que durante los juicios familiares surge un “pacto entre los hombres” para impedir que las mujeres y sus hijos accedan a sus derechos.

Por ejemplo –sin acordarlo– el deudor alimentario, el abogado que lo defiende, el jefe de la empresa donde él trabaja, el agente del Ministerio Público e incluso el juez, se alían para que la balanza de la justicia se incline hacia los varones, lo que provoca que se replique el rol de género de que las y los hijos son responsabilidad exclusiva de las mujeres.

Así, ellas se quedan con el deber de la crianza, como Claudia, una mujer que vivió con su pareja por cinco años, tiempo durante el cual criaron a su hija de seis años de edad, hasta que un día él abandonó el hogar y le llamó por teléfono para advertirle que no le daría dinero para mantener a la niña.

Claudia trabaja como telefonista de 3 de la tarde a 9 de la noche y con un sueldo de 3 mil pesos al mes, menos los 2 mil 600 pesos que le descuenta el Infonavit mensualmente. “A veces no tengo ni para comprarle zapatos, ese tipo de cosas que sí me duelen”, relata.

Las carencias de su hija la motivaron a demandar la pensión alimenticia. “Básicamente lo hago por ella, por mí no, porque yo puedo trabajar y puedo aguantar lo que sea, pero pues ella no. Aparte vienen gastos porque se va a la primaria”.

No obstante ella no ha logrado iniciar el juicio porque no puede pagar un abogado y en los juzgados de la Ciudad de México no la han atendido, por tanto sin la ayuda del padre de la niña debe cuidar de su hija y proveerle alimentos, educación, vivienda y vestido.

13/AGM/RMB/LGL