Más violaciones a DH de aprobarse contrarreforma

-- Eventual ola de denuncias ante la CIDH

Reportaje / Anayeli García Martínez / Febrero 12, 2013

De aprobar una contrarreforma constitucional en materia de Derechos Humanos (DH), el Congreso abriría la puerta para violar las garantías humanitarias y a la postre llevar más casos de México ante organismos internacionales, alerta la diputada federal por el Partido del Trabajo (PT) Loretta Ortiz Ahlf.

Ortiz Ahlf afirma que en caso de aprobar la iniciativa que presentó el diputado del PRI Francisco Arroyo Vieyra el pasado 3 de enero para reformar el artículo primero constitucional, significaría que podrían llegar más casos ante la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

México ha sido condenado en cinco ocasiones por la Corte Interamericana (CoIDH), por la violación sexual de las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo; por tres casos de feminicidio en Ciudad Juárez; por la desaparición del líder social Rosendo Radilla, y por la tortura de los campesinos ecologistas Teodoro Cabrera y Rodolfo Montiel.

La también académica de la Universidad Iberoamericana y experta en Derecho internacional señala que es grave la pretensión de volver a modificar el artículo primero constitucional para dar supremacía a la Constitución sobre los tratados internacionales.

Explica que todos los países de Iberoamericana han ajustado sus constituciones para dar cumplimiento a los tratados internacionales de DH, y agrega que México apenas hizo esta modificación en 2011 por lo que querer echar atrás este cambio traería severas consecuencias para el país.

Un efecto de la eventual contrarreforma es que el Estado continuaría con la tendencia de violar los DH, lo que obligaría a la ciudadanía a recurrir a organismos internacionales como la CoIDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ambos organismos autónomos de la OEA.

Según la diputada integrante de la Comisión de Derechos Humanos en San Lázaro, en México tenemos disposiciones constitucionales contrarias a las garantías establecidas en los tratados internacionales, tales como la reforma penal que viola el principio de presunción de inocencia.

Ante esta situación, Ortiz Ahlf señala que no se puede aprobar una contrarreforma y menos cuando los legisladores y el Poder Judicial no midieron el alcance de la modificación de 2011 que hoy, al reconocer su transcendencia, quieren echar para atrás.

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