Denuncian ONG´S falta de transparencia y condicionantes para la participación ciudadana de la SRE frente a las negociaciones del Tratado Internacional de Contaminación por Plásticos

Los mecanismos de participación ciudadana promovidos por la SRE carecen de transparencia y discusión para la participación pública ante el tratado.

Nacional / Lidia Rita Bonilla Delgado / 25 de octubre de 2022

  • Son mecanismos de participación social acotados y sin acuerdos previos.
  • Buscan convertir a las ONG en replicadoras de los intereses del gobierno en lugar de considerar la experiencia de la sociedad civil en el tema.

 

Ciudad de México,  octubre de 2022.-  Greenpeace México, Acción Ecológica, Academia Mexicana de Derecho Ambiental, Asociación Ecológica Santo Tomás, Fronteras Comunes, Menos Plástico es Fantástico, y Estamos a tiempo México, todas ellas organizaciones con varios años de trabajo en el tema de la contaminación plástica y que son parte del movimiento internacional y mexicano de Libérate del plástico / Break Free From Plastic-BFFP, manifiestan su desacuerdo e indignación por los mecanismos y condicionantes que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) impuso a las organizaciones en su convocatoria para formar parte de la Delegación oficial de México frente a la Primera Reunión del Comité Intergubernamental de Negociación (INC-1 por sus siglas en inglés) del primer Tratado Internacional jurídicamente vinculante contra la contaminación por plásticos, la cual se realizará en Punta del Este, Uruguay del 27 de noviembre al 2 de diciembre de 2022.

La SRE convocó elecciones para elegir a cinco organizaciones que acompañarán a la delegación mexicana en esta reunión internacional. Pero estas elecciones se dieron a ciegas, ya que, por un lado, se desconoce la posición de arranque del gobierno de México ante el Tratado, la cual fue solicitada por diferentes actores en reiteradas ocasiones sin haber sido compartida hasta ahora por la Secretaría.

Es necesario que el gobierno de México, si es que quiere realmente sumar a las organizaciones en el proceso, deje en claro desde ahora cuáles serán sus posturas en temas básicos del Tratado como: cuáles serían sus alcances, es decir, si se enfocará solo en basura marina o en el ciclo de vida completo de los plásticos; qué soluciones impulsarán para combatir la contaminación por desechos plásticos; y si éstas incluyen la construcción de una política pública precautoria y de salud.

Las organizaciones de la sociedad civil nos negamos a ser parte de una delegación oficial sin conocer la visión gubernamental básica sobre el tema. Para esto, es esencial que la Secretaría organice sesiones de trabajo con las ONG para incluir en el posicionamiento las perspectivas de la ciudadanía con experiencia en el tema.

Por otro lado, la elección se realizó a través de una convocatoria enviada por mensaje electrónico con menos de 48 horas de anticipación, en la que se dieron a conocer los lineamientos para ser parte de la delegación gubernamental mexicana, los cuales consideramos excluyentes y carentes de los principios de participación y transparencia, pues no ha habido un proceso que permita conocer el trabajo que realizan los grupos convocados. Tampoco se promovió una discusión previa de los puntos relevantes a defender para la construcción de este tratado; ni se convocó a otras organizaciones que tienen largo trabajo en el tema de contaminación plástica.

Además, la convocatoria señala que las organizaciones no podrán sostener comunicaciones con otro actores en la conferencia salvo permiso expreso de la SRE; se exige, entre otras cosas, que las organizaciones de la sociedad civil que integren la Delegación mexicana deberán promover únicamente la posición del gobierno de México, la cual no será pública; cubrir sus gastos y no promover algo diferente a lo acordado como posición de país, la cual, según indicó la Secretaría, se definirá hasta que ya estén en curso las negociaciones del tratado.

Pretender que las organizaciones acompañen a la delegación sin conocer la postura gubernamental, sin una amplia discusión y convocatoria abierta, representa un insulto al sentido común y un retroceso por parte de la Dirección General para Temas Globales a cargo de Camila Zepeda Lizama en temas de transparencia y fortalecimiento a la participación ciudadana, justo en un momento crítico del país amenazado por una serie de regresiones en la legislación ambiental. Ejemplo de ello son los fallos del Poder Judicial que elimina la prohibición de plásticos de un solo uso en Oaxaca; las iniciativas del Poder Legislativo de Ley General de Economía Circular y las reformas a Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos (LGPGIR).

En su convocatoria, preocupa también la imposición de temas prioritarios (regulación del uso de plásticos, gestión y manejo de residuos plásticos, redes fantasmas y economía circular), que no fueron consultados y consensuados entre las organizaciones de la sociedad civil, y que reflejan el discurso de la industria para seguir evadiendo su responsabilidad en el problema de la sobreproducción de plásticos inútiles, tóxicos y problemáticos de reciclar. Esta visión no corresponde a las ambiciones mostradas por otros países, y continúa perpetuando a la gestión de la basura plástica como única solución.

Hacemos un llamado a la SRE para que modifique su proceder respecto a ésta y demás convocatorias que se realicen para seleccionar personas representantes de la sociedad civil como integrantes en delegaciones oficiales mexicanas, y se discuta con más grupos involucrados también en este trabajo. Consideramos necesario se exploren nuevas formas de participación en las siguientes tareas que continuarán para la construcción del nuevo Tratado Internacional de Plásticos y se actualicen de manera urgente los Lineamientos para la participación de las Organizaciones de la Sociedad Civil en temas de política exterior publicados en el Diario Oficial de la Federación en el 2018.

El proceso de construcción de la postura sobre un tratado tan importante para el futuro del planeta y para México debe ser abierto, participativo, incluyente y transparente, de acuerdo a los principios establecidos en el Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe (Acuerdo de Escazú)