Preocupación extrema de la CIDH por la violencia contra los periodistas en México

Pide Relator Especial de la Libertad de Expresión al Estado reforzar mecanismos de protección y las medidas para combatir la impunidad

Derechos Humanos / Lidia Rita Bonilla Delgado / 11 de noviembre de 2020

Condena CIDH asesinatos de periodistas 

11 de noviembre de 2020 Washington D.C. - La Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condena el reciente asesinato del periodista Arturo Alba Medina en Ciudad Juárez, Estado de Chihuahua; Jesús Alfonso Piñuelas Montes en la ciudad de Cajeme, Sonora; e Israel Vázquez Rangel en la ciudad de Salamanca, Guanajato. La Relatoría insta al Estado mexicano y a su Procuraduría de la Fiscalía Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) a investigar de manera completa, efectiva e imparcial para identificar a los autores y cerebros de estos crímenes y determinar cualquier vínculo que puedan tener con la actividad periodística de las víctimas. También pide al Estado que refuerce el Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas de conformidad con las recomendaciones formuladas en el Informe Especial sobre la Situación de la Libertad de Expresión en México..

Arturo Alba Medina (49), host of the news program Telediario on Channel 6 Multimedia in Ciudad Juárez, was killed after being shot at least 11 times on the night of October 29, minutes after concluding his news program. On November 2, journalist Jesús Alfonso Piñuelas Montes (43) was murdered in the city of Cajeme. He had worked with different media outlets and also had his own digital news channel Zarathustra Prensa (El Shock de la Noticia). Also, on November 9, journalist Israel Vázquez Rangel (31) was shot and killed while covering a story for El Salmantino.

Según la información disponible, los tres periodistas estaban trabajando en temas de gran interés público como el crimen organizado, la seguridad ciudadana y la corrupción. Por lo que la Oficina del Relator Especial sabe, ninguno de ellos ha sido incluido como beneficiarios del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.

En respuesta a los acontecimientos, la Junta de Gobierno del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del Ministerio del Interior emitió declaraciones el 31 de octubre, el 5 de noviembre y el 9 de noviembre de 2020, condenando los asesinatos del Sr. Alba Medina, el Sr. Piñuelas Montes y el Sr. Vázquez Rangel, respectivamente, y pidiendo a las autoridades competentes que aclaren los hechos de estos casos lo antes posible. , y proporcionar servicios integrales y apoyo a sus familias.

Estos asesinatos tuvieron lugar en un entorno particularmente preocupante debido a la reciente eliminación de 109 fideicomisos públicos en México, incluido el Fondo para la Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas, que administró los recursos para la implementación y operación de "medidas preventivas, medidas de protección y medidas urgentes de protección". La Oficina del Relator Especial llama la atención sobre esta medida adoptada por el Congreso mexicano, que reduce la capacidad institucional para proteger a los periodistas que están amenazados por hacer su trabajo. En su Informe Anual de 2019,la Oficina del Relator Especial observó que la respuesta del gobierno para hacer mejoras y proporcionar recursos al Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas era insuficiente dado el grado de violencia contra estos grupos. Por lo tanto, hemos recomendado en varias ocasiones que el Estado mexicano continúe fortaleciendo el Mecanismo y garantice la aplicación efectiva de sus decisiones y medidas. La Oficina del Relator Especial también ha recomendado que se disponga de más recursos para la Oficina del Fiscal Especial para los Delitos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) y que ejerza enérgicamente su poder para hacerse cargo de la investigación de delitos graves contra la prensa.

Según la información documentada por esta Oficina, al menos siete casos han sido reportados hasta ahora en 2020 de periodistas asesinados en México por razones que podrían estar vinculadas a su trabajo como periodistas. Además de estos tres casos más recientes, hemos recibido informes del asesinato del periodista Julio Valdivia Rodríguez, el 9 de septiembre en el municipio de Tezonapa (estado de Veracruz); Pablo Morrugares Parraguirre, asesinado el 2 de agosto en Iguala (estado de Guerrero), quien estaba con sus datos de seguridad de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Guerrero, quien también murió; María Elena Ferral Hernández, asesinada el 30 de marzo en Papantla (estado de Veracruz); y el periodista Jorge Miguel Armenta Avalos, asesinado el 16 de mayo en Ciudad Obregón (estado de Sonora). Como se informó a la Oficina del Relator Especial, tanto Pablo Morrugares Parraguirre como Jorge Miguel Armenta Avalos habían recibido anteriormente amenazas y estaban bajo la protección del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas. Ha habido informes adicionales de periodistas asesinados, y no se debe descartar a priorila conexión entre estos crímenes y la profesión de lasvíctimas. En 2019, la Oficina del Relator Especial denunció el asesinato de al menos 11 periodistas en México.

Como señalaron la CIDH y los Relatores de las Naciones Unidas para la Libertad de Expresión en el Informe Especial sobre la Situación de libertad de expresión en México,aunque la crisis de seguridad está muy extendida enMéxico y afecta gravemente a los derechos humanos de toda la población, los actos de violencia —incluidos los asesinatos, las desapariciones y la tortura— se han dirigido muy a menudo contra quienes son más esenciales para sacar de la luz la situación de conflicto e inseguridad, la corrupción y la criminalidad: los periodistas. Añadieron que el carácter sistemático y multifacético de esta violencia requiere la aplicación de un conjunto urgente, completo y coherente de estrategias de prevención, protección y rendición de cuentas. Esta violencia estructural, junto con la falta de acceso a la justicia y la investigación adecuada, plantea uno de los desafíos más graves a los derechos humanos en México hoy en día.

Según el principio 9 de la Declaración de Principios de la CIDH sobre la Libertad de Expresión, "el asesinato, el secuestro, la intimidación y/o las amenazas a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación violan los derechos fundamentales de las personas y restringen enérgicamente la libertad de expresión. Es deber del Estado prevenir e investigar tales sucesos, castigar a sus autores y garantizar que las víctimas reciban la debida indemnización".

La Oficina del Relator Especial recuerda que el asesinato de periodistas es la forma más extrema de censura, y pide al Estado mexicano que investigue estos crímenes de manera completa, efectiva e imparcial, para establecer los motivos de los perpetradores y determinar en los tribunales cómo podrían estar vinculados a la actividad periodística y al derecho a la libertad de expresión. La Oficina también subraya que no hay nada más propicio para la repetición de la violencia contra la prensa que la ausencia de una respuesta institucional fuerte, por lo que las autoridades de los más altos niveles de gobierno deben seguir repudiando enfáticamente esta escalada de violencia; la impunidad de los crímenes contra periodistas sólo alienta y tranquiliza a los autores de esa violencia.

La Oficina del Relator Especial para la Libertad de Expresión fue creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con el objetivo de fomentar la defensa del derecho a la libertad de pensamiento y expresión en el hemisferio, dado su papel fundamental en la consolidación y desarrollo del sistema democrático.