La muerte del abogado más corrupto y temido de México

Reportaje / Redacción / Junio 23, 2013

México, DF.- La noticia la difundió la prensa de espectáculos y en los diarios de circulación nacional apenas aparecieron algunas esquelas. Una despedida de bajo perfil para no remover las redes de protección y complicidad que alcanzan a funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto.

El domingo 16, la revista “TV y Novelas” informó en su sitio en internet que la modelo y conductora Jacqueline Bracamontes estaba de luto por la muerte de su suegro, el abogado Enrique Fuentes León, de 79 años. El día anterior, la actriz lo había dado a conocer en su cuenta de Twitter.

Una discreta y breve ceremonia en una funeraria del sur de la Ciudad de México, el mismo sábado 15, puso fin a la tormentosa historia del litigante que gozó de grandes favores de los poderes del Estado mexicano –a pesar de haberlos agraviado– y protagonizó el juicio más largo y voluminoso en la historia de Texas.

Entre litigantes hay coincidencia de que personificó en la segunda mitad del siglo 20 al abogado mexicano corrupto, en continuación del arquetipo que décadas atrás había encarnado Bernabé Jurado. Durante años, Fuentes León fue un abogado temido. Litigó a golpes, con la pistola en el escritorio y amenazas.

Fue prófugo de la justicia mexicana. Se vio envuelto en el homicidio de una ex pareja, en la desaparición de la artista Nellie Campobello y de sus bienes, y en acusaciones de lavado de dinero y soborno en Estados Unidos.

También en la protección del ex diputado federal del PRI Manuel Muñoz Rocha, acusado de organizar el asesinato del secretario general de ese partido, José Francisco Ruiz Massieu, en septiembre de 1994. Su nombre estuvo, además, en la nebulosa indagatoria del homicidio del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio, en marzo de ese mismo año.

Pero ante todo, fue el centro del peor escándalo en la historia del Poder Judicial de México. Por lo menos la vergüenza más grave en el máximo tribunal hasta ahora conocida.

En 1988 sobornó con medio millón de dólares al entonces ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Ernesto Díaz Infante, para que gestionara a través de dos magistrados, también comprados, la liberación del “Chacal de Acapulco”, Alejandro Braun Díaz, condenado a 30 años de prisión por violación y asesinato de la niña de 6 años Merle Yuridia Mondain Segura, en 1986.

No obstante la humillación, la propia Corte intentó detener la acción judicial contra Díaz Infante. A principios de 1993, cuando Jorge Carpizo acababa de llegar a la Procuraduría General de la República (PGR) designado por Carlos Salinas, se encontró con un “expediente intocable”. Era el de Díaz Infante.

La Corte, presidida entonces por el ministro Ulises Schmill, invitó a Carpizo a un desayuno en el edificio de Pino Suárez. Los ministros le pidieron que no actuara contra su colega y no consignara el expediente por el daño que le causaría al máximo tribunal.

“La mejor manera de defender a esta institución es lo que hice esta mañana: consignar el expediente ante el juez federal”, respondió Carpizo, refieren abogados que escucharon el relato del propio ex procurador días antes de su muerte, en marzo del año pasado.

Díaz Infante, que se encontraba prófugo en San Antonio, Texas, el mismo lugar de huida de Fuentes León a causa del cohecho, fue detenido por el FBI en junio de 2001, días antes de prescribir los delitos de cohecho y obstrucción de la justicia por los que lo consignó Carpizo.

Dos años después, el ministro fue condenado a 10 años de prisión, luego de que la propia Corte le negó dos amparos. Tres años los pasó en prisión y en 2004 fue confinado en su casa a causa de un cáncer. Falleció en 2006, a los 77 años, con el nombre de Enrique Fuentes León como sombra.

LOS AMIGOS

Otro González Carrancá fue importante para Fuentes León en sus apuros legales en Estados Unidos. Como delegado de la PGR en San Antonio, Jaime González Carrancá intentó desvirtuar el testimonio de los agentes de la DEA y del entonces Servicio de Inmigración de Estados Unidos que habían detenido al abogado.

Según las declaraciones juradas de los agentes, cuando detuvieron a Fuentes León en octubre de 1994 estaba acompañado de una persona que identificaron como Manuel Muñoz Rocha, el entonces diputado del PRI prófugo acusado de ser el autor intelectual del asesinato de Ruiz Massieu, en septiembre de 1994 en la Ciudad de México.

Ante la insistencia de González Carrancá, el Departamento de Justicia de Estados Unidos le retiró todas las cortesías y se negó a tener tratos con él, a quien tenía bajo sospecha de reunirse con narcotraficantes mexicanos en San Antonio.

González Carrancá, ahora propuesto por Peña Nieto para ser embajador de México en Haití, no fue el único que quiso borrar la relación de Muñoz Rocha con Fuentes León. También lo pretendió el secretario de Relaciones Exteriores de Ernesto Zedillo, José Ángel Gurría, hoy secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos y consejero de Peña Nieto.

Gurría se incomodó con los informes del entonces cónsul de México en San Antonio, Humberto Hernández Haddad, quien también transmitía a la PGR, a cargo de Antonio Lozano Gracia, las informaciones del Gobierno estadounidense sobre las conexiones de Fuentes León con Muñoz Rocha. El cónsul terminó despedido.

La cancillería y la PGR ahora niegan la existencia de esos informes, a pesar de que Hernández Haddad tiene copias certificadas de las comunicaciones entre la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la PGR sobre tales informes. Una de ellas está firmada por el entonces secretario particular de Gurría en la Cancillería, Juan Manuel Gómez Robledo, actual subsecretario de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE.

La confusión sobre el asesinato de Ruiz Massieu, padre de la actual secretaria de Turismo, Claudia Ruiz Massieu, también lleva el nombre de Enrique Fuentes León. En una extraña maniobra hecha a título del abogado y avalada por el Poder Judicial y la PGR, Muñoz Rocha fue exonerado del crimen del jefe priista, cometido en la calle Lafragua, a una cuadra del Paseo de la Reforma, cerca del Centro de la Ciudad de México.

En enero de 2009, 15 años después del asesinato, se presentó una promoción en la causa penal 71/94 contra los cinco consignados por el caso. Firmado a nombre de Fuentes León, en el escrito se pidió al Juzgado Octavo de Procesos Penales Federales, con residencia en Almoloya, Estado de México, que se dejara sin efecto la orden de aprehensión contra Muñoz Rocha en razón de que ya había transcurrido más de la mitad de la pena que se le pudo haber impuesto.

Fuentes León se presentó, según el escrito, como “representante legal del señor Manuel Muñoz Rocha, en los términos de la escritura pública que en copia certificada y traducción autorizada al castellano se anexa a este escrito”.

La titular del Juzgado Octavo, Elizabeth Vargas Lira, dio por bueno el escrito, aceptando la representación del abogado y que Muñoz Rocha estaba fuera del territorio nacional. Tan sólo le tomó un mes para absolver al prófugo al cambiar el delito de homicidio calificado a homicidio simple y determinar que ya había prescrito.

La PGR, entonces a cargo de Eduardo Medina Mora, designado por Peña Nieto embajador de México en Estados Unidos, “apeló” la resolución, pero su argumentación fue tan débil e ilógica que en marzo siguiente el magistrado del Primer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito, Jorge Fermín Rivera Quintana, confirmó la absolución de Muñoz Rocha.

Al Poder Judicial, encabezado entonces por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, le bastaron dos meses para liberarlo del todo con el patrocinio de Fuentes León. Aunque siempre alegó que él no presentó el escrito, con sólo su nombre fue suficiente para echar tierra al caso.

Un abogado escurridizo

El soborno de Enrique Fuentes León al Poder Judicial federal trascendió desde su primer momento y el entonces gobernador de Guerrero, José Francisco Ruiz Massieu, apoyó a los padres de la menor en la persecución de los responsables.

El abogado huyó a Chile en 1989 y se radicó en el mismo barrio exclusivo del entonces dictador Augusto Pinochet, sabedor de que el Gobierno mexicano no podía perseguirlo en ese país, con el que no tenía relaciones diplomáticas.

Luego se fue a San Antonio, Texas, donde acumuló una fortuna que él mismo estimó en al menos 30 millones de dólares.

En ese refugio dorado gozó de la protección de influyentes políticos y abogados estadounidenses, entre ellos Jack Pytel, quien fue secretario particular de Lloyd Bensen, senador por Texas y luego secretario del Tesoro del gobierno de George Bush padre. También fue amigo de otros abogados como Roy Barrera, con quien después patrocinó en el país a un estadounidense que había huido a México acusado del homicidio de su esposa.

Fue detenido en San Antonio en octubre de 1994 por la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, acusado de soborno a un agente de inmigración y a otro de la DEA. Ambos habían sido infiltrados por el Gobierno de Estados Unidos ante lo que consideraba sospechosas actividades inmobiliarias de Fuentes León en San Antonio.

La DEA lo buscaba

El seguimiento de la DEA comenzó cuando lo identificó como el abogado que había representado a Juan García Ábrego, quien fuera jefe del cártel del Golfo, durante un juicio con un líder obrero en Matamoros, Tamaulipas.

Al tiempo de las acusaciones estadounidenses fue sometido a un juicio de extradición, requerido por las autoridades mexicanas por cohecho. Estuvo tres meses detenido en Texas hasta que el 17 de enero de 1995 regresó a México por decisión propia antes de perder el juicio de extradición.

Le bastó un mes para cumplir una de sus máximas: “mis casos los gano en revisión”. Así fue: gestionó un amparo antes de que fuera condenado a cinco años de prisión y terminó por doblegar a la justicia por el delito de cohecho cometido en agravio del máximo tribunal del Poder Judicial.

Con quien no pudo fue con Margarita Guerra Tejada. En mayo de 1999, la entonces subprocuradora de Averiguaciones Previas Centrales de la PGJDF solicitó una orden de aprehensión en su contra por la desaparición de Campobello.

Guerra Tejada tenía una afrenta personal. Ante ella Fuentes León presentó a la artista, en 1986, ante un juzgado que entonces estaba a cargo de la ex funcionaria. Fue la última vez que se vio públicamente a Campobello.

El 8 de mayo de ese año, con la orden de detención en sus manos, la entonces subprocuradora mandó a seis agentes judiciales al despacho del litigante, en la calle de Newton, en Polanco. Fuentes León se opuso a balazos. Trató de huir, pero estrelló su Grand Marquis azul, placas 896-HHD. Al final fue capturado y trasladado al reclusorio Sur, donde permaneció tres años.

Fue absuelto en 2002, cuando el presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Distrito Federal era Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien ahora está en medio del escándalo familiar del ex ministro Genaro Góngora Pimentel, su amigo.

Prófugo de la justicia

» Fue prófugo de la justicia mexicana. Se vio envuelto en el homicidio de una ex pareja, en la desaparición de la artista Nellie Campobello y de sus bienes, y en acusaciones de lavado de dinero y soborno en Estados Unidos.

Corrupción

» En 1988 sobornó con medio millón de dólares al entonces ministro de la Suprema

» Corte de Justicia de la Nación para que diera libertad al “Chacal de Acapulco”, Alejandro Braun Díaz, condenado a 30 años de prisión por violación y asesinato de
una niña de 6 años.

Jacky se despide

» El sábado por la noche, la conductora Jacky Bracamontes escribió en su cuenta de Twitter que su suegro, el abogado Enrique Fuentes León, había fallecido, aunque en el mensaje no especificaba la causa.

» “Hoy se fue mi suegrito consentido... Lo vamos a extrañar mucho. Le pido a Dios mucha fuerza, resignación y fe para mi Martín y su familia”, escribió la también actriz.

» Después de este comunicado, Jacky aprovechó unas horas más tarde, para felicitar a su papá, Jesús Bracamontes, a Martín y a su suegro “donde quiera que esté”.