* MÉXICO, SIN POLÍTICA MIGRATORIA A FAVOR DE MUJERES Y NIÑAS

-- 47 de cada 100 indocumentados son menores de edad

Reportaje / Gladis Torres Ruiz / Abril 27, 2011

En los últimos años se ha incrementado a casi 50 por ciento la migración de niñas (mexicanas y de otros países) rumbo a Estados Unidos, según la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE), del Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

De acuerdo con la misma encuesta, durante el trienio 2006-2008 aproximadamente 198 mil niñas y niños menores de 15 años que vivían en México se fueron a vivir al extranjero, lo que representa ocho por ciento del total de migrantes registrados en el periodo.

“Prácticamente cerca de la mitad de la población migrante internacional menor de 15 años contabilizada en el periodo eran niñas, es decir 47 de cada 100”, establece el INEGI.

A pesar de este incremento en el número de niñas migrantes, el gobierno federal carece de una política migratoria con enfoque de género para atender a este sector de la población, por que las menores de edad en esa condición quedan desprotegidas ante delitos como trata de personas, violación y explotación sexual y laboral.

México es un país de origen, tránsito y destino de migrantes. Cada año, alrededor de 40 mil niñas y niños no acompañados son repatriados desde Estados Unidos a territorio mexicano. La organización civil Sin Fronteras documenta que las y los menores de edad migrantes sufren detenciones, abusos y secuestros.

El Consejo Nacional de Población (Conapo) señala que en 2010 había en México 30.5 millones de niños entre 0 y 14 años, lo que en términos porcentuales representa 28.1 por ciento de la población total.

Sin Fronteras apunta que México tiene la obligación legal y moral, derivada de la Constitución y de los tratados internacionales, de proteger a todas las personas que se encuentran en su territorio, incluyendo a las niñas y mujeres que carecen de un estatus migratorio regular.

Sin embargo, aún falta una interacción entre las leyes y programas para brindar protección y atención a las niñas y mujeres migrantes.

“Los cambios legislativos y de política pública requeridos y la extensión de los servicios legales y de salud a las mujeres migrantes no implican una inversión de gran cuantía, pero tienen un gran significado para los derechos y el potencial de las mujeres”; afirma la organización civil.

Precisa que para el caso de las mujeres migrantes irregulares que radican en México no existen datos que permitan dimensionar y conocer las características de la población. Sin embargo, se ha documentado una creciente presencia de mujeres y menores de edad que llegan a vivir de forma irregular al país, en especial a Chiapas, la mayoría con carácter temporal.

Las mujeres jóvenes se emplean generalmente en las ciudades como trabajadoras del hogar o se encuentran en condiciones de explotación sexual comercial. Mientras que niñas y niños trabajan en el comercio y servicios informales, por lo que constituyen una población expuesta a la explotación.

Organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentran el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Belén Posada del Migrante, y Frontera Con Justicia y Humanidad, han solicitado en reiteradas ocasiones al Estado mexicano una política migratoria integral que respete los acuerdos internacionales de Derechos Humanos, y garantice a las y los migrantes protección a su integridad física y psicológica, así como seguridad y acceso a la justicia.

Las agrupaciones consideran alarmante que en febrero de este año el Senado haya aprobado una Ley de Migración que, desde su punto de vista, “aumentará la criminalización y la clandestinidad de la población migrante”.

Por lo que el Estado mexicano difícilmente estará en condiciones de exigir a Estados Unidos un trato digno para las personas mexicanas que se encuentran en ese país, advierten las organizaciones humanitarias.

Tampoco será capaz de debilitar a los grupos de la delincuencia organizada que lucran con el secuestro de migrantes, con ganancias estimadas de hasta 50 millones de dólares, según el Informe Especial sobre Secuestros emitido por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitido en el 2009.

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