1er año de gobierno de Enrique Peña Nieto III y último

Opaco panorama para el medio ambiente en México

Medio Ambiente / Lidia Bonilla / Noviembre 29, 2013

Tóxicos
El acceso al agua es un derecho humano y México tiene un gran rezago para grantizarlo, sobre todo cuando hablamos de calidad del líquido, más del 70 por ciento de los ríos de nuestro país sufren algún grado de contaminación, causada -en algunos casos- por la industria que vierte sus descargas residuales sin control a los cuerpos de agua, ante la impasividad de las autoridades.

Este problema ha sido desatendido durante varios sexenios y el de Enrique Peña Nieto no es la excepción. La visión de la actual administración en materia hídrica es corta y sin una propuesta contundente para remediar la escasez y la mala calidad del agua, que merma la disponibilidad del líquido y afecta a las comunidades aledañas.

Entre los primeros anuncios del gobierno se dijo que la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pasaría a ser un organismo de prevención ante la escasez del líquido frente a las sequías que afectan principalmente al norte y centro del país, pero hasta ahora ha quedado en una mera intención, no se ha presentado un programa de trabajo que detalle acciones específicas más allá de “cerrar la llave” para promover el ahorro del agua.

Se habló también de impulsar la creación de plantas desalinizadoras para utilizar el agua de mar como fuente de abastecimiento. Esta propuesta no resuelve el problema de escasez sino que da continuidad a la explotación de recursos en lugar de evitar que la contaminación llegue a los ríos y a los mantos freáticos.

En el Pacto por México se acordó “replantear el manejo hídrico del país”, con una Ley de Agua Potable y Saneamiento y reformas a la Ley de Aguas Nacionales que aún no han sido presentadas a pesar de que se ha llamado al 2013 el “año de las reformas”, lo que muestra la falta de seriedad y compromiso de la actual administración en el tema.

Las propuestas del gobierno encabezado por Enrique Peña Nieto presentan semejanzas con las de gestiones pasadas, nos están presentando más de lo mismo y lamentablemente se evita una visión integral del problema, porque la escasez de agua no es exclusiva del cambio climático. Mientras se siga permitiendo la descarga de tóxicos a los cuerpos de agua, México es y seguirá siendo un paraíso para contaminar.

Criminalización de la protesta

Greenpeace tiene como principio fundamental la No-Violencia, una filosofía de vida basada en el principio de igualdad. Con base en esta convicción, no podemos ignorar actos de injusticia que atenten contra la dignidad de los seres vivos y damos testimonio de ello, señalando a los responsables.

A la organización preocupa que en este primer año se presenten graves retrocesos en materia de derechos humanos y medio ambiente, criminalizando la protesta social. El 2013, deja muchos ejemplos de ello:

En noviembre, los opositores al proyecto de la presa de La Parota denunciaron la persecución de su vocero, Marco Antonio Suástegui, quien dijo que el gobierno de Guerrero pretende encarcelarlo y acusarlo de secuestro y ataques a las vías federales de la comunicación.

Noé Vásquez Ortiz, integrante del “Colectivo Defensa Verde, Naturaleza para Siempre” y miembro del Movimiento Mexicano de Afectadas y Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER), fue asesinado el 2 de agosto, en Amatlán de los Reyes, Veracruz. Noé, junto con otras organizaciones, se oponía a la construcción del proyecto hidroeléctrico El Naranjal, que desde 2009 se pretende instalar en la cuenca de los ríos Blanco y Metlac.

Estos casos, nos recuerdan a Aldo Zamora, defensor de los bosques y colaborador de Greenpeace México, quien fuera acribillado en mayo de 2007 por oponerse a la tala ilegal de los bosques de las Lagunas de Zempoala. El crimen, denunciado ante el entonces Gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, no ha sido resuelto.

La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH México) en su “Informe sobre la Situación de las y los Defensores de Derechos Humanos en México: Actualización y Balance” (junio de 2013) nos da una muestra de la realidad que enfrentan los activistas ambientales.

El análisis del periodo comprendido entre noviembre de 2010 y diciembre de 2012, indica que el mayor número de reportes por agresiones contra defensoras y defensores se registró en Oaxaca, Chihuahua, Coahuila, Guerrero y DF. Los tipos de agresiones más frecuentes son las amenazas e injerencias arbitrarias. Otro problema es que perduran los impedimentos para identificar a la mayoría de los presuntos responsables de las agresiones.

Desde el 1 de diciembre de 2012, cuando Peña Nieto asumió el poder, ha incrementado la escala de violencia y represión de diversas manifestaciones en las que se utilizó la fuerza de manera desproporcionada e irracional en contra de manifestantes y también de periodistas; detenciones arbitrarias, tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes, limitaciones ilegítimas a la libertad de buscar y difundir información, tal como lo documentó Artículo 19 y la Recomendación 7/2013 de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, en donde se constatan las violaciones a las garantías individuales de 102 personas durante las manifestaciones de ese día.

Los enfrentamientos entre policías y manifestantes se han hecho cada vez más violentos: el desalojo a la fuerza de los maestros de la CNTE del zócalo capitalino y la marcha en recuerdo de la matanza de estudiantes del 2 de octubre, en donde se acusó la presencia de infiltrados pagados por el gobierno, sirvieron de pretexto para que el PAN presentara una iniciativa para la expedición de la Ley General de Manifestaciones Públicas y una legislación similar para el Distrito Federal, ambas propuestas imponen requisitos para la realización de protestas en la vía pública.

Pero el tema no paró ahí: el 19 de noviembre de 2013, el Pleno de la Asamblea Legislativa del DF aprobó con 38 a favor, seis votos en contra y una abstención, el dictamen para reformar los artículos 123, 130, 241 y otros más del Código Penal del Distrito Federal, mediante las cuales se incrementa en una mitad las penas para quienes en el marco de manifestaciones o concentraciones públicas cometan los delitos de lesiones y homicidio dolosos contra autoridades, así como daños a la propiedad pública y privada; dentro de la propuesta se incluía el agravamiento de penas para aquellas personas que actúen encapuchadas.

Artículo 19 señala que esta “reforma penal contraviene los principios democráticos de legalidad e igualdad propios de un Estado de Derecho y se dirige a la construcción de un régimen de excepción para manifestantes” y que “de esta forma se pretende dirigir el aparato punitivo contra quienes disienten públicamente sin reparar en las causas que originan la protesta, imponiendo un estigma delincuencial a los manifestantes e impulsando el uso político del sistema de procuración y administración de justicia”.